Muchos de los riesgos del uso de drogas están asociados con las dinámicas de consumo creadas por el enfoque prohibicionista de las leyes. Algunos de éstos se relacionan con el uso en espacios públicos, lo cual es frecuente entre usuarios que no cuentan con un lugar para realizar de manera segura sus consumos. Esto es especialmente importante con el cannabis, debido a que es la droga ilegal más usada y su principal vía de administración, la combustión, es fácil de detectar. Por lo anterior, los riesgos y las consecuencias del uso en vía pública en México se concentran en los usuarios de cannabis.
Esta situación debió cambiar desde 2019, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una jurisprudencia que mandata al Poder Legislativo a eliminar la parte de la ley que prohíbe el cultivo y uso privado de cannabis, por interpretar que son parte del derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, el congreso ha desacatado y seis años después tales prohibiciones siguen vigentes. Frente a esto, diversos grupos de usuarios se han organizado para establecer espacios de consumo seguro en distintas partes de Ciudad de México.
Si bien la intención de dichos espacios es ofrecer seguridad a los usuarios, pueden tener importantes riesgos, particularmente a causa de las condiciones propias de una sociedad con altos índices de violencia relacionada con grupos involucrados en el comercio de drogas ilegales, como continúa siendo el cannabis. Hay indicios de que en estos espacios se han infiltrado grupos delictivos para establecer ahí su actividad comercial, poniendo en contacto a usuarios con elementos de grupos de la delincuencia organizada que controlan los mercados ilegales.
Desafortunadamente, estos riesgos derivaron en graves consecuencias la semana pasada, cuando el cinco de marzo fue asesinado con arma de fuego un joven que, según testigos entrevistados en medios de comunicación, había asistido a comprar cannabis al espacio de consumo ubicado afuera de la estación de metro Hidalgo. Si bien las autoridades no han mencionado que se relacione con el crimen organizado, este evento muestra uno de los riesgos más graves de estos espacios: ser víctima de la violencia que deriva de los intentos de controlar el mercado ilegal.
¿Qué se debe hacer? Reprimirlos no sería una respuesta adecuada. Más allá de la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe el uso, está el hecho de que los espacios de consumo seguro han demostrado ser una importante estrategia de reducción de riesgos y daños; muestra de ello son las salas para usuarios de drogas inyectables en Europa y Canadá, así como los clubes de cannabis en España y Uruguay. Sin embargo, esto no ocurre en el caso mencionado de Ciudad de México por la inseguridad prevaleciente y la falta de voluntad gubernamental para actuar coordinadamente con los usuarios.
Ahora bien, aunque es mala idea reprimirlos es aún más peligroso hacer caso omiso de que existen: menos acción del Estado significa más incentivos para actividades criminales. La intervención estatal es necesaria, pero no en el sentido punitivo de la ley que prohíbe, sino en el de los derechos que la constitución protege. Las autoridades deben buscar un diálogo abierto con los usuarios que lleve al acuerdo de espacios de consumo tolerado, con reglas definidas y mecanismos de seguridad. De esta manera se estarían dando pasos en dirección de los derechos y la seguridad de los usuarios.
Centro de Libertad Responsable, AC
CE LIBRE
